Los diputados oficialistas Álvaro Carter (Partido Republicano) y Tomás Kast (Evópoli) destacaron que el proyecto aprobado en la Cámara otorga «herramientas autónomas» indispensables para enfrentar el crimen organizado y dotar de mayor efectividad el despliegue del Estado.
Como un paso indispensable y de sentido común para la restitución del orden público calificaron los parlamentarios del oficialismo la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a realizar de manera autónoma controles preventivos de identidad, registro de vehículos y detenciones en flagrancia dentro de las zonas bajo Estado de Excepción Constitucional, iniciativa que avanzó de forma paralela a una nueva prórroga de la medida de emergencia.
Tanto el diputado del Partido Republicano, Álvaro Carter, como el representante de Evolución Política (Evópoli) por la Región de La Araucanía, Tomás Kast, valoraron el ingreso de esta normativa por parte del Ejecutivo. A su juicio, la realidad de la violencia rural y el crimen organizado exige terminar con las restricciones operativas que mantenían a las ramas militares limitadas exclusivamente a funciones de apoyo logístico y patrullaje de acompañamiento a las policías.
El diputado Álvaro Carter, quien preside la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, manifestó que “tenemos que avanzar en entregar las facultades necesarias para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su deber. Hoy día el combate contra el narcotráfico, contra la delincuencia y el crimen organizado en la Macrozona Sur tiene que seguir y, por lo tanto, si nosotros le entregamos esta facultad, obviamente vamos a poder usar la fuerza que tenemos de forma más efectiva, dotando al personal desplegado de las herramientas autónomas que requiere el resguardo de la seguridad nacional”.
Por su parte, el diputado de Evópoli, Tomás Kast, apuntó que “es de sentido común que si ya le estamos dando la facultad a nuestras Fuerzas Armadas en un estado de excepción, donde vemos que hay armamento de guerra por parte de estos grupos de narcotraficantes, de guerrilleros, que puedan tener la atribución de hacer controles de identidad, de detención en flagrancia y de registro. Es un mínimo necesario para recuperar el Estado de derecho en esta zona que lleva ya tantos años y en abril estuvimos un mes bastante crudo en nivel de atentados y ataques incendiarios. Por lo tanto, creo que es de todo sentido común para también liberar a nuestros carabineros y poder desplegarlos en otras tareas de seguridad, a los cuales ellos también se tienen que abocar. En este contexto especial es necesario poder tener fuerzas equivalentes al armamento de guerra con lo cual estos grupos terroristas atacan a carabineros y a sus víctimas”.
Tras superar con éxito su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley será remitido al Senado para su correspondiente revisión sectorial, donde las bancadas oficialistas esperan un trámite expedito que permita su pronta promulgación y aplicación en los territorios bajo excepción constitucional.
