El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 revela un incremento alarmante de familias viviendo en asentamientos informales, alcanzando cifras no vistas desde hace casi tres décadas.
Un nuevo informe elaborado por TECHO-Chile encendió las alarmas sobre la creciente crisis habitacional en el país. Según los datos del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, actualmente 120.584 familias habitan en campamentos a lo largo del territorio nacional, distribuidas en 1.428 asentamientos informales.
Esta cifra, la más alta desde 1996, evidencia el deterioro sostenido en el acceso a soluciones habitacionales dignas.
El aumento no es reciente ni accidental: entre 2023 y 2025, se sumaron más de seis mil familias a esta realidad, lo que refleja una tendencia estructural marcada por múltiples factores sociales y económicos.
TECHO-Chile advierte que esta situación se perpetúa por la ausencia de herramientas efectivas y asequibles para que las familias logren salir de los campamentos. El alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de independencia son los principales factores que perpetúan esta tendencia, extendiendo los tiempos de espera por una solución definitiva a más de una década, señalan.
De hecho, el estudio revela que más del 35% de las familias lleva al menos 14 años esperando una respuesta concreta por parte del Estado, lo que evidencia un sistema de vivienda social que no da abasto frente a la creciente demanda.
Pese a que entre 2023 y 2025 se cerraron 346 campamentos, solo una minoría —menos del 30%— lo hizo gracias a soluciones habitacionales definitivas. La gran mayoría de los cierres responde a desalojos, desplazamientos forzados o migraciones internas entre campamentos, lo que en muchos casos solo traslada el problema sin resolverlo. Se estima que en este periodo, al menos 1.710 familias fueron desalojadas sin recibir opciones de vivienda adecuadas.
Actualmente, 229 campamentos se encuentran bajo amenaza de desalojo, y un 31,3% de los asentamientos ha recibido algún tipo de aviso formal o informal. Esto podría afectar a más de 43.500 familias en situación de extrema vulnerabilidad, sumando incertidumbre a un panorama ya crítico.
